EL BLOQUEO DEL RIO GUADALQUIVIR IV

IV UNA ROTURA MOMENTÁNEA

El mismo lunes día 21, el Director General de Pesca y Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco José Alba, hizo llegar a la alcaldía de Sanlúcar un fax que se hizo llegar también a los pescadores que bloqueaban el río Guadalquivir y al propio Gobernador Civil de Cádiz, manifestándole que el miércoles día 23 se reuniría con una representación de la flota de arrastre de Sanlúcar para abordar los problemas creados por la normativa comunitaria en cuanto al uso de mallas y conocer los avances de la comisión de seguimiento del Plan de Pesca del Boquerón.
A pesar se esto, durante toda la mañana del Lunes día 21 se estuvieron viviendo momentos de grave tensión en el río debido a los estampidos de los disparos con bolas de goma realizados por la Guardia Civil , acompañado del ruido de los helicópteros y las sirenas de ambulancias.
El motivo de todo esto, era que, el mercante “Puerto de Alcudía II” auxiliado por el remolcador “Hispania” de la Marina Mercante, sin práctico a bordo y con la autorización expresa de la Guardia Civil, casi parte por la mitad al pesquero “Manolo IV”. El mercante, a toda máquina y haciendo sonar sus sirenas, trató de embestir a los pesqueros que se cruzaban peligrosamente frente a su proa.
José Orcha que patroneaba al “Manolo IV”, esquivó varias veces a dos o tres metros la embestida del mercante, colisionando con otro pesquero, el Modesto III”.
Entretanto en la playa, tres mujeres, las hermanas Mercedes y Pilar Prado Iglesias y Rosario Cruz Ramírez, de 39, 42 y 44 años respectivamente, tuvieron que ser evacuadas al Centro de Salud de Sanlúcar presas de una grave crisis histérica, mientras que el armador de barco, Manuel Gómez santiago, también tuvo que ser evacuado por el Servicio de Protección Civil a consecuencia de los efectos del humo de los botes lanzados por la Guardia Civil.
Aquel mismo día, el fiscal de Sanlúcar abre diligencias contra las personas protagonistas más destacados del bloqueo que había sido filmados exhaustivamente en vídeo por especialistas de la guardia civil que iban en el helicóptero que continuamente hacía las pasadas a través de los barcos fondeados en el río. Estos pescadores podrían ser acusados de un presunto delito de sedición, independientemente de otro tipo de responsabilidades penales que pensaban exigirles.
El presidente de la interfederativa, Rafael Montoya se desplazó a Sanlúcar con el fin de estar más cerca de los pescadores y los hosteleros sanluqueños cerraron sus negocios en solidaridad con ellos, así como no paraban de llegar muestras de apoyo de todas las Cofradías de pescadores andaluzas.
Aquellas mismas mañana, José Orcha, el portavoz de los pescadores, manifestó que estaban estudiando la interposición de una denuncia previa a querella criminal por el intento de de homicidio contra el capitán del mercante “Puerto de Alcudia II”,
Las manifestaciones se extendieron a través de la playa de entre Bajo de Guía y Bonanza por los más de tres mil personas que se pasaron todo el día y la noche manifestando su apoyo y solidaridad a todos los pescadores sanluqueños y, en concreto a los que se encontraban a bordo de loas embarcaciones fondeadas cerrando el paso a cualquier intento de atravesar la línea cerrada y compacta de estos barcos amarrados uno con otro.
Ya el Secretario General de Pesca de la Junta, Francisco Alba Riesco, se había manifestado el día anterior que el día 23 se reuniría en la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla con el responsables de la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio, Antonio García Elgorriaga, y de los pescadores de Sanlúcar para analizar el plan de pesca del boquerón y el problema de la pesca de arrastre en la región suratlántica.
El señor Alba decía que esta reunión se había conseguido gracia “a las gestiones de la Consejería de Agricultura y Pesca ante el Ministerio, y que la mismas estaba supeditada a que los pescadores de Sanlúcar abandonaran el bloqueo de la desembocadura del Río Guadalquivir.
Alba entendía que la flota pesquera sanluqueña pedía “lo imposible”, ya que reivindicaban que no se le aplique la normativa comunitaria, que fija la malla de cerco para el Boquerón en 40 milímetros, mientras los pescadores estaban exigiendo que fuera de 32 milímetros.
Añadía que “es lógico que protesten, por la severidad en las inspecciones y al mismo tiempo denuncien la existencia de embarcaciones ilegales, situación que sólo puede atajarse precisamente con una buena inspección”.
Alba seguía informando de que “ según el Plan, estaban autorizados a la pesca del Boquerón unos 70 barcos de cerco -52 de Barbate y unos 20 más de Sanlúcar y Punta Umbría- cuya parada biológica estaba determinada para los meses de noviembre, enero y febrero. Lo que pasa es que desde hace años la Administración ha concedido permisos temporales a barcos de arrastres de Sanlúcar, Punta Umbría y Lepe, entre otros, para cambiar a cerco y pescar Boquerón, lo que era un privilegio y no un derecho, y lo que ahora se está haciendo es aplicar estrictamente la norma comunitaria”. ”
Como ya hemos dicho, la mañana del lunes día 21 transcurrió en un compás de espera cuya pauta era seguida después de que los marineros tuvieran conocimiento de la reunión a celebrar el 23 en Sevilla.
Aunque esto no satisfacía a los marineros, por la tarde tuvieron noticia de que en esa misma reunión se iba a debatir los problemas de la pesca de arrastre, lo que convenció a los marineros y decidieron constituirse en asamblea para estudiar si se desconvocaba o no el bloqueo.
El tema del desbloqueo era las condiciones marcada por la administración para efectuar esta reunión, pero los pescadores no estaban de acuerdo con este sistema y optaron por continuar el bloqueo con el fin de hacer más presión a las autoridades y más con el conocimiento de que la Lonja de Chipiona cerraba también a la venta y fuera, en la bahía se encontraban seis mercantes deseando pasar hacia Sevilla.
En efecto, la Cooperativa de Pescadores de Chipiona había acordado el lunes día 21adherirse a la flota de Sanlúcar en el conflicto y reivindicaciones que exigen en la Comunidad Europea, especialmente en las medidas del mallajes a utilizar, mezclada con la importación de pescado procedente de Marruecos para los mercados de El Puerto de Santa María, Cádiz, Algeciras, Sevilla y Huelva.
Ya desde el mismo viernes día 18 algunas embarcaciones de Chipiona se habían desplazados a Sanlúcar para ayudar en el bloqueo del río, a la vez que las directiva de la cooperativa de pescadores hacía público el amarre de la flota así como el cese de toda actividad en la lonja de subestación de pescado.
Las cosas, cada vez se ponía más confusa, el día 21, el Gobernador de Cádiz había informado que la flota pesquera de Sanlúcar acordó bloquear la desembocadura del río Guadalquivir sólo en protesta por el aumento de la labor inspectora que hacía los buques de la Armada Española en la Región suratlántica, y así lo afirmaba puesto que era la única reivindicación que figuraba en el escrito enviado el día 18 por los representantes del sector pesquero sanluqueño al Secretario General de Pesca de la Junta, Francisco Alba, en el que le anunciaban la paralización de la flota y el bloqueo del Guadalquivir.